Steep Romaní Zamudio, Sociología
Universidad La Católica del Perú
Lima, Perú Email: stromazamu@hotmail.com
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El 9 de enero del 2009, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) divulgó una serie de fotos y declaraciones que recordaron, al menos a los más preocupados, los vejámenes sufridos por indígenas y campesinos en el contexto de violencia política tres décadas atrás. Las publicaciones no solo revelaron los abusos de efectivos policiales y miembros de la empresa de seguridad Forza sobre un grupo de 29 campesinos, sino que pusieron en evidencia la persistencia de categorías adscritas, actos de violencia y situación de desamparo que asedian aún al sector agrícola.
El 26 de julio del 2005, comuneros de Huancabamba, Ayabaca y Pacaipampa (Piura) se desplazaron a las instalaciones de la minera Majaz (hoy Río Blanco) para reclamar la suspensión de sus actividades, en conformidad a la defensa de su entorno natural. Según lo emitido por el Ministerio de Energía y Minas momentos previos a la marcha, los campesinos se encontrarían con una comisión de diálogo de alto nivel en las puertas de la minera. Sin hallar comisión alguna y con bombas lacrimógenas a cuestas, se arribó a un clima de enfrentamientos que concluyó en la detención de 29 comuneros. Fue dentro de las instalaciones donde se dio inicio a la tortura.
La CNDDHH y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) habían denunciado (2008) los hechos ante la 5ta Fiscalía Provincial Penal de Piura. En dicha denuncia se declaró los maltratos y abusos a que los comuneros fueron sometidos por comandos policíales y agentes de seguridad privada. Dicha información, así mismo, dio cuenta de la reprobable acción de algunas autoridades, como el fiscal Félix Toledo Leiva, quien prefirió increpar a los manifestantes antes de revelar los abusos cometidos, y el médico que examinó a las víctimas, a quien se le denunció por delito de expedición de certificado médico falso. La denuncia hecha por ambas organizaciones no recibió, sin embargo, la feliz atención del gobierno de Toledo.
Los testimonios afirmaron que los campesinos habían sido víctimas de amordazamientos, expuestos a productos tóxicos, sometidos a golpes y posturas forzadas durante largo tiempo, atados y privados de alimentos, agua, etc. Fueron, así mismo, amenazados de muerte y el blanco de insultantes calificativos, como “terroristas”, “indios ignorantes”, “animales”. Algunos de los afectados dieron las siguientes declaraciones:
Fuimos conducidos a un baño donde nos torturaron tres días, acusándonos de terroristas: ‘hijos de puta, van a morir, por qué no dejan que trabaje la empresa, indios ignorantes de mierda’ (Mario Tabra Guerrero, presidente del Frente de Defensa de Ayabaca y uno de los 28 detenidos).
¿Por qué estos terroristas no vinieron a la marcha? Te vamos a matar. ¿Por qué no te quedaste tirando con tu esposo? Ustedes son putas (Cleofé Neyra, a quien los policías preguntaban por Ramiro Ibáñez, Benito Guarnizo y Josefa Adrianzén, dirigentes ronderos).
Eres un animal y no sientes nada (Manuel Mesones, rondero capturado).
En las imágenes, policías mostrando prendas íntimas obtenidas de sus capturadas. Las amenazas de violación y las burlas estuvieron presentes, lo cual aumentó el temor de las secuestradas.
Las declaraciones mostraron que, tres décadas después de la violencia interna, aún persistía la vinculación del campesino con el terrorismo. Aquel 26 de julio del 2005 se descargó sobre los comuneros una artillería de calificativos étnica y políticamente humillantes. Los insultos evidenciaron, a su vez, el intento de los oficiales por reducir a este grupo a la condición de animales imbatibles al castigo físico, cuales mulas tercas que no comprenden cómo deben comportarse. El inmutismo de la oficialidad aprista tuvo su raíz precisamente en ese “laissez faire” sobre el que reposa la actividad minera, no solo en términos de apertura económica, sino del silencio cómplice del gobierno frente a los actos que comprometan a una de las actividades económicas que más protege. En este sentido, fue clara la vinculación entre el caso Majaz y la forma en que el gobierno viene insertándose al sistema de economía global: una extrovertida apertura a la inversión extranjera y una penosa contracción de los elementos de ciudadanía. La noción del “perro del hortelano” –y algunas otras necedades del mismo estilo– reprodujo su sesgada, insensible y persistente idea de que los movimientos populares no tienen un fundamento social legítimo, sino que se erigen por mero fanatismo de grupos pertenecientes a un rancio origen ideológico. La ciudadanía poco importa si la crítica social se atreve a cuestionar las orientaciones del modelo económico.
El debate en torno a la actividad extractiva minera ha puesto de relieve la antipatía del presidente y sus allegados a los reclamos en materia de propiedad comunal, medio ambiente, salud, etc. Recordemos la posición que adoptó Alan García días antes de realizarse la recordada consulta vecinal en Piura (2007): grupos de izquierda y ONGs fueron tildados de comunistas y acusados de ser parte de una conspiración internacional que aparentemente buscaba mantener al Perú en las alcantarillas del subdesarrollo. Como es sabido, este temperamento obligó al presidente desentenderse de la consulta como referencia legítima de descontento, limitándose a señalar la presunta ilegalidad del proceso. "El síndrome del perro del hortelano", más que un artículo dominical que apareció en un diario limeño, es un punto de referencia que permite comprender la forma en que el Perú viene insertándose al modelo de economía abierta, siendo indulgente a la inversión privada –sobre todo extranjera– y dando prioridad a los sectores nacionales de exportación –de Sierra Exportadora no se tiene más que recuerdos de promesa. Todo ello se ha expresado en el desarraigo de las tierras, la marginación de sectores productivos en la economía nacional, la contaminación de los medios naturales de producción, el abuso y la inmovilidad de la justicia, la estigmatización de los productores agrícolas organizados, etc. El caso Majaz no debe ser una página más en nuestras preocupaciones, sino que merece avivar el interés de quienes tienen el propósito de reconciliar el perfil globalizador de la economía peruana y la defensa de los principios de ciudadanía.
Un mes después de la publicación de las fotos, vimos a un presidente muy enfático en sus declaraciones sobre el tema del chuponeo. “Chuponeadores malditos, mercachifles… gente frustrada por una mala educación y por sus malas condiciones psicológicas”, manifestó en la inauguración del Programa de Equipamiento Educativo (febrero del 2009). Llamó la atención el tono con que Alan García matizó su discurso: “infractores de la democracia”, acusó el presidente, evidentemente en un momento en que las acusaciones de corrupción rodearon al grupo de la estrella –Rómulo León, Giampietri y Del Castillo– y llevaron al desmantelamiento del gabinete. La tortura de los comuneros fue un problema de menor envergadura. No causó la mínima irritación de la oficialidad.
Enlaces:
http://www.muqui.org/index.php?option=com_content&task=view&id=354&Itemid=21
http://blog.dhperu.org/?p=1778
http://javi270270.blogspot.com/2009/01/majaz-un-crimen-impune.html
http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2009-01-06/fotografias-demostrarian-que-policias-torturaron-ronderos-huancabamba.html
http://www.larepublica.pe/politica/09/01/2009/en-majaz-si-se-torturo-el-ano-2005
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